Hoy, el Senado aprobó un proyecto de ley de reconciliación que amenaza la salud, la seguridad y la estabilidad económica de millones de personas. Las graves consecuencias de este proyecto nos afectarán a todos de alguna manera. Las personas LGBTQ+, los inmigrantes, las comunidades de bajos ingresos y las familias trabajadoras no deberían ser castigadas por recibir y tener acceso a programas financiados por los contribuyentes. Los programas que salvan vidas y afirman la vida no son ayudas; garantizan que las personas puedan satisfacer sus necesidades más básicas para una vida que valga la pena vivir.
El proyecto de ley regresa ahora a la Cámara de Representantes. De aprobarse, revertiría programas esenciales de protección social y privaría de recursos vitales a quienes ya enfrentan barreras sistémicas para acceder a la atención y la estabilidad. Estos son los principales aspectos del proyecto de ley que estamos siguiendo de cerca.
Impactos clave:
- Recorta casi un billón de dólares de Medicaid
- Pone a más de 14 millones de personas en riesgo de perder el acceso a la atención médica.
- Pone en peligro la atención del 21% de las personas transgénero y del 40% de las personas que viven con VIH que dependen de Medicaid.
- Amenaza la viabilidad financiera de los centros de salud LGBTQ+ que ofrecen atención de afirmación de género, pruebas de ETS y servicios de salud mental.
- Priva de atención médica a las personas LGBTQ+ afectadas de manera desproporcionada, especialmente a aquellas que viven en la pobreza.
- Recorta la asistencia alimentaria y los beneficios nutricionales, cortando la asistencia alimentaria a 11.8 millones de personas
- Impone requisitos laborales y límites de elegibilidad más estrictos, requiriendo que quienes realizan trabajos no tradicionales y/o sean cuidadores trabajen más horas.
- Perjudica a las personas que experimentan tasas más altas de inseguridad alimentaria, especialmente las mujeres, los jóvenes, las personas de color y las personas con discapacidades o responsabilidades de cuidado.
- Elimina la financiación federal para Planned Parenthood
- Se dirige a uno de los pocos proveedores de atención primaria y reproductiva inclusiva y afirmativa para las personas LGBTQ+
- Socava el acceso a la anticoncepción, las pruebas de detección del cáncer y otros servicios esenciales.
- Amplía la financiación para la aplicación de la ley migratoria y la detención
- Crea tarifas de solicitud elevadas para presentar solicitudes básicas como asilo o libertad condicional humanitaria, que tradicionalmente tienen un costo de $0.
- Restringe programas federales como Obamacare (Atención Médica Asequible) para inmigrantes legalmente presentes.
- Aumenta el presupuesto para Inmigración y Control de Aduanas.
- Recorta las inversiones en energía limpia y añade impuestos a las fuentes renovables
- Elimina los créditos fiscales para energías limpias para aquellos que buscan comprar un vehículo eléctrico o un plan de energía energéticamente eficiente con una empresa.
- Amenaza cientos de miles de empleos y aumenta los costos para las familias trabajadoras
Estamos presenciando la mayor redistribución de recursos de la clase trabajadora a los ricos en la historia moderna de Estados Unidos. El Congreso debe utilizar todas las herramientas disponibles para proteger programas que garanticen la dignidad, la salud y la seguridad de todos, especialmente de quienes se encuentran en mayor riesgo.
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