Crímenes de Odio


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Crímenes de Odio

Líderes anti-LGBT alegan que leyes contra crímenes de odio castigan el pensamiento y el hablar impopular pero constitucionalmente protegido. Pero las leyes contra los crímenes de odio están diseñadas para castigar acciones, no lo que uno piensa o habla. Dichos críticos también alegan que toda violencia es motivada basada en algún tipo de odio, o que es difícil comprobar que una persona específicamente elije a una víctima basado en su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, el sistema de justicia criminal se enfoca en el motivo criminal en todo caso, particularmente en la determinación de una sentencia. Por ejemplo, la diferencia legal entre el asesinato y el matar se encuentra en el hecho de que el asesino intentaba matar y si el asesinato fue premeditado.

En 1993, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos unánimemente decidió que leyes contra crímenes de odio y las sentencias incrementadas basadas en el intento, son constitucionales. En su decisión, el Juez Supremo William Rehnquist específicamente recalcó que tradicionalmente se les ha permitido que los jueces consideren el motivo de los acusados al imponer sentencias. El Juez Rehnquist también recalco que los crímenes de odio infligen un daño emocional particular en las víctimas y que pueden provocar mayor inestabilidad social.

Los crímenes de odio envían un mensaje de terror a un grupo entero y por lo tanto son distintos a actos arbitrarios de violencia. Por ejemplo, el asesinato brutal de James Byrd, quien fue atado a una camioneta y arrastrado por una calle en Texas, enviando un mensaje a la comunidad Afro-Americana que la violencia racial y el asesinato continúan siendo amenazas. Asimismo, personas LGBT piensan si tal vez puedan ser el próximo Matthew Shepard. Las leyes contra los crímenes de odio reconocen la amenaza social particular de la violencia basada en los prejuicios. Desafortunadamente, grupos anti-LGBT como la Coalición de Valores Tradicionales y Enfoque en la Familia se oponen a las leyes contra los crímenes de odio.

Aquellas personas que asesinan a oficiales policíacas enfrentan mayores penalidades que personas que asesinan a personas comunes, así como terroristas que se enfocan en edificios federales enfrentan mayores penalidades. En 1999, el Congreso pasó una ley que creó mayores sanciones para países que penalizan las libertades religiosas. Estas leyes no son vistas como el valorar la vida de algunas personas más que las de otras personas. Al contrario, envían un mensaje que ciertos crímenes que van en contra de los valores principales de este país, como el derecho de vivir libre de persecución, será castigado tanto por penalidades mayores, involucrando así la participación federal en la investigación y castigo del crimen.

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